Constitución cuestionada

En el año 1978, la Constitución se vio como el final de la dictadura y el principio de una nueva andadura desconocida, pero ilusionante: la democracia política y social. Nos proporcionaba las reglas para orientar la naciente vida pública democrática en España. Fue aprobada por una gran mayoría de las Cortes y del pueblo el 6 de diciembre.
Tuvo su oposición en determinados grupos de signo integrista que lucharon contra su aprobación y promulgación, calificándola, entre otras cosas, de atea. A la Parroquia de San Andrés el Arzobispado le prohibió la celebración de un acto público organizado para darla a conocer. Y los guerrilleros de Cristo Rey con sus cadenas y pistolas sembraron el terror en grandes ciudades. Yo mismo sufrí una de sus actuaciones en el Rastro de Madrid.
La Constitución, desde entonces, ha sido, como se pretendía, la carta magna, el marco legal que ha orientado la vida política y social de los españoles. Para los que vivíamos carentes de los más elementales derechos de libertad de expresión, reunión y religión, la Constitución supuso un paso de gigante hacia la libertad.
España era un país aislado políticamente de los grandes bloques mundiales. Gracias a la Constitución, España se integró en distintos foros internacionales, entre los que destaca la Unión Europea que, con sus luces y sus sombras, tanto ha contribuido a su modernización.
Los que vivimos aquellos años acogimos la Constitución con verdadero entusiasmo, ya que suponía un nuevo modo de organizarse y de vivir la sociedad. La gente participó con gran interés, primero en su aprobación, y después en las diversas actividades que, al albur de la libertad conseguida, se organizaban. Los actos culturales, los arreglos de las calles, la introducción del agua potable en los hogares, la construcción de colegios públicos, etc. aparecieron por doquier. La mejora de carreteras, red de autovías, sanidad y educación universales y gratuitas, entre otras cosas, potenciaron las mejoras de los pueblos.
Pero esta Constitución, habiendo cumplido un papel importante en nuestra historia reciente, carece, como toda obra humana, de perfección absoluta, por lo que no tiene nada de extraño que se quieran introducir aspectos que quedaron pendientes, porque en aquel momento ni siquiera se planteaban, y cambiar algunas cosas que, válidas entonces, no responden a las actuales exigencias por otras con proyección de futuro.
Los dogmatismos incuestionables no tienen sentido, como tampoco tiene explicación el inmovilismo ni el conformismo con lo que hay, aunque se vea insostenible.
Para estos cambios ciertamente no partimos de cero. Se debe reconocer el valor de la Constitución actual y de los frutos que esta ordenación legislativa ha proporcionado al país durante todo este tiempo, pero sin tener miedo a afrontar su mejora con la mayor participación posible del pueblo.
Dado que la posible reforma requiere una mayoría cualificada -no meramente absoluta- y supuesto que lo que prima en los partidos políticos son sus intereses ideológicos y electorales y que la Constitución debe servir para todos, se hace necesario pensar en técnicos independiente que, después de un profundo estudio, elaboren su redacción para ser sometida después a la aprobación del pueblo, debidamente informado.

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